El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Así lo anunciaban la Vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en la rueda de prensa celebrada tras el último Consejo de Ministros.

El objetivo de esta reforma energética es que en el año 2013 el déficit tarifario sea cero y así cumplir con los compromisos de déficit general y de tarifa. Con estos nuevos impuestos el Ejecutivo estima recaudar unos 2.700 millones de euros.

Según los datos que maneja el Gobierno, el déficit de tarifa acumulado es de 24.000 millones de euros y podría incrementarse en 5.000 millones cada año de no adoptarse estas medidas. Por eso considera que la reforma es necesaria para “poder construir un sistema energético y eléctrico que sea solvente y sostenible”.

El Proyecto de Ley contempla la creación de dos impuestos nucleares, una serie de impuestos especiales, un canon que grava la generación hidroeléctrica y un gravamen del 6% a todas las actividades de producción de energía eléctrica.

Así, a la producción eléctrica nuclear se le impondrá un impuesto sobre la generación de residuos y otro impuesto sobre su almacenamiento. En referencia a la producción de residuos será de 2.190 euros por kilogramo de metal pesado producido. El impuesto sobre el almacenamiento incluirá una reordenación de los que ya existen en las Comunidades Autónomas con instalaciones nucleares.

Nuclenor, la empresa propietaria de la central nuclear de Santa María de Garoña, ha comunicado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo que no está en condiciones de solicitar la renovación de la autorización de explotación de la planta burgalesa, para lo que tenía de plazo hasta ayer, 5 de septiembre.

Según señala en una nota de prensa, la operadora de Garoña basa su decisión en que, “hasta el momento, desconoce cómo le afectarían las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear en el marco de la reforma energética aún pendiente de aprobación por parte del Gobierno”.

Para los responsables de Nuclenor, esta incertidumbre pone en duda la viabilidad económica de la central, teniendo en cuenta los resultados de explotación de los últimos 3 años así como las inversiones que se deberían realizar para seguir funcionando.

No obstante, Nuclenor aclara que, en caso de que se despejaran estas incógnitas, estaría en condiciones de solicitar la renovación puesto que “técnicamente reúne todos los requisitos para seguir operando de una manera fiable y segura, como reiteradamente han señalado tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como la Agencia Internacional de la Energía Atómica”.

En los últimos días hemos leído muchas noticias sobre la central nuclear de Garoña que han generado cierta confusión en la opinión pública. La revista digital Eroski Consumer publica un completo artículo que os recomiendo leer para entender cuál es la situación, a día de hoy, de la planta burgalesa.